En el Concejo Municipal de Concón de hoy 3 de octubre, se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el fallido proyecto del sistema de cámaras de televigilancia ejecutado en el 2016. Hechos que habrían tenido lugar mientras se desempeñaba como director de Seguridad Pública el actual candidato del Partido Republicano, Pablo Rojas Daydi.
En dicha instancia, a través de la lectura de un informe, se menciona la existencia de un Memorándum de emanado desde Tesorería al alcalde de la época con fecha 19 de diciembre de 2019. En dicho documento se constata la recepción de dos facturas por parte de la Tesorería por un monto superior a los $100 millones por la Propuesta Pública de Adquisición e Instalación de Cámaras de Seguridad, en su IV Etapa, ambos decretos de pago con fecha 18 de diciembre de 2019, por concepto de 40 cámaras, de las que no se acredita instalación, ni ubicación, además de no existir un documento de fiel cumplimiento de contrato, ni buen comportamiento de la obra, que permitiese resguardo de aquella adquisición.
Sumado a esto, se señala que “además, existen exigencias en el contrato respectivo que no se han cumplido, como las contempladas en el artículo segundo, tercero y séptimo del contrato de fecha 10 de agosto de 2019 […] por ejemplo: Contratos de Trabajo, Certificación de Inspección de Trabajo, Finiquitos, Boleta de Buen Resguardo de las Obras”.
Frente a esto el concejal, Bernardo Guerra, se mostró muy preocupado, orientando su intervención en el responsable de estos injustificados pagos. “La fiscalización que le correspondía a los colegas, yo no sé en qué momento, o si no le pasaron la documentación en ese momento al Concejo Municipal, entonces me quedan varias interrogantes, creo que sí, tenemos una larga conversación acerca de este tema, pero yo quiero saber quién ordenó el pago, así de simple”, expresó Guerra.
Por su parte, la concejala Elda Arteaga, procedió a la lectura del mencionado documento, comentando que “es algo muy preocupante, y me llama la atención que se desembolsó un pago que sobrepasó los $100 millones sin contar con los respaldos, donde no se verificó que el contratista no cumplió con lo exigido”. Enfatizando en lo complejo de la situación y cómo afecta a la comuna.
El concejal Alberto Fernández, también se mostró muy preocupado ante esta revelación, comentando lo complejo de esta situación y remarcando la situación que la empresa Ingesmart tiene en diversas comunas del país. “Una vez más, esta esta empresa INGESMART, la que ha tenido varios problemas en Viña y en todo Chile, es muy preocupante, debemos buscar soluciones frente a esto”.
En una intervención en su rol como participante del concejo, Freddy Ramírez, planteó la interrogante en torno a los gastos que se debieron generar para subsanar los problemas del sistema de cámaras “¿Tuvimos que hacer un informe que nos dio cuenta de la precariedad que estaba el sistema de cámaras […] hay una responsabilidad administrativa y ética de este concejo […] el candidato republicano que pretende llegar a la alcaldía, tiene una relación tan directa con INGESMART, la misma empresa cuestionada en tantos lugares donde se les pagó sin ningún tipo de respaldos”.
Ramírez, además planteó una relación entre Pablo Rojas Daydi, en su rol como exdirector de Seguridad Pública y la empresa INGESMART, bajo una cuestión moral y ética. “hay información pública en internet, donde el señor Rojas aparece como Gerente General de SIGNAL SECURITY, […] más aún, quien crea SIGNAL SECURITY es el mismo director ejecutivo de INGESMART…”.
Esta situación está siendo investigada por la Fiscalía Regional, y Rojas ya habría prestado declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI) al respecto.
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