– Ministerio Público solicitó que se aplique a Pablo Rojas, una pena de 540 días de presidio menor y una multa de 5 UTM, por negarse a devolver equipos municipales. Además, se indagan anomalías en el contrato de cámaras de televigilancia.
Con fecha 28 de junio del 2023, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar notificó a Pablo Rojas, exdirector de Seguridad Pública de Concón, su nueva calidad de imputado por el delito de apropiación indebida. Esto, debido a su negativa de entregar equipos municipales que utilizó durante el periodo alcaldicio anterior y que podrían incluir información valiosa respecto a las gestiones ejecutadas durante el periodo del exalcalde, Óscar Sumonte.
Complejo escenario que quedó al descubierto luego que la juez de garantía de Viña del Mar, Eliana Uribe, emitiera un requerimiento fijando una audiencia de procedimiento simplificado para el próximo 31 de julio, fecha en donde el imputado Pablo Rojas, deberá concurrir con todos los medios de prueba al tribunal viñamarino, así como también con posibles testigos o peritos para intentar explicar su adueñamiento de equipos tecnológicos municipales.
Infracción que fue sancionada en el artículo 467 N°3 del Código Penal, y que según se explica en el requerimiento, actualmente se encuentra en grado de desarrollo consumado. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que se le aplique al exdirector municipal una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, además de una multa de 5 UTM.
Recordemos que, en las últimas elecciones municipales y luego que el exalcalde Óscar Sumonte, no fuera a la reelección, Pablo Rojas fue candidato al sillón municipal conconino apoyado por concejales y partidos de ChileVamos. Finalmente, el triunfo se lo adjudicó Ramírez, quien tras conocer la imputación del exdirector de Seguridad Pública de Concón, fue categórico para puntualizar que el municipio llegará hasta las últimas instancias para aclarar los hechos expuestos por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
“Desde que llegamos al municipio nuestro rol ha sido avanzar con transparencia y profesionalismo. Por lo mismo, buscaremos identificar cualquier tipo de situación de corrupción o mal uso de recursos municipales en administraciones anteriores, tal como lo hicimos en la DOM. En este caso, seguiremos avanzando en los delitos apuntados por el Ministerio Público en contra del exdirector de Seguridad Pública”, puntualizó el alcalde Freddy Ramírez.
NUEVA INVESTIGACIÓN
Sin embargo, este no sería el único coletazo que Pablo Rojas deberá asumir tras su gestión como ex Director de Seguridad Pública de Concón, pues tras la llegada del alcalde Freddy Ramírez, se inició una investigación interna en torno al contrato y licitación del sistema de cámaras de televigilancia que se instalaron en la comuna durante el periodo de Óscar Sumonte.
Indagación que, hasta el momento, ha detectado una serie de irregularidades en las 56 cámaras que fueron recepcionadas, autorizadas y validadas por Pablo Rojas. En este sentido, se ha podido evidenciar fallas concluyentes en torno a la mantención de las cámaras, así como también sobre su funcionamiento, pues al momento de asumir la nueva gestión alcaldicia solamente 8 de las 56 se encontraban en funcionamiento, verificando que algunas ni siquiera se encontraban conectadas al sistema intercomunicado, imposibilitando su correcto uso en situaciones de riesgo.
Conclusiones que toman mayor importancia al considerar que Rojas fue apoyado por concejales de ChileVamos que actualmente se encuentran en ejercicio, pero que en su momento no ejecutaron ningún tipo de acción fiscalizadora. Ejemplo de aquello fue el rol que jugó la actual concejala María José Aguirre (Evopoli), quién ejerció como jefa de campaña del exdirector municipal.
“A pesar de haber invertido una gran cantidad de recursos en la recuperación y mantención de las cámaras de televigilancia, aún no hemos logrado conformar una estructura robusta debido a las malas condiciones en que recibimos este sistema”, declaró el alcalde Freddy Ramírez, agregando que “debido a esto, no descartamos ningún tipo de acción vinculadas con denuncias a la Contraloría o posibles querellas criminales”.
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