La diputada María Francisca Bello (Frente Amplio) anunció que presentará un requerimiento ante la Contraloría General de la República, solicitando una revisión profunda sobre posibles incompatibilidades en el cargo de Camila Cáceres Fredes, actual Directora Jurídica del municipio de Villa Alemana.
Cuestionamientos por antecedentes profesionales
La acción surge luego de conocerse que Cáceres Fredes, responsable de revisar convenios de seguridad, redactar ordenanzas y representar legalmente al municipio, ejerció anteriormente como abogada defensora en causas relacionadas con narcotráfico, microtráfico y asociación criminal, según la Ley 20.000.
Bello advierte sobre conflictos éticos e institucionales
“Nos parece gravísimo que quien hoy asesora jurídicamente al municipio en materias vinculadas a la prevención del delito haya defendido reiteradamente a personas imputadas por narcotráfico. Esto no es un juicio personal, sino una interrogante ética e institucional sobre los límites de lo público”, sostuvo la parlamentaria.
Bello agregó que la ciudadanía tiene derecho a saber si se respetan los principios de probidad y confianza legítima en la administración pública. “No basta con decir que fue parte del ejercicio profesional pasado. Estamos hablando de una trayectoria vinculada a la defensa de personas ligadas al crimen organizado, y de un municipio que hoy la pone al centro de su estrategia legal en seguridad. Esto podría configurar un grave conflicto de interés”, enfatizó.
Llamado a proteger la seguridad pública
La diputada reiteró que la lucha contra la delincuencia debe ser liderada por instituciones sólidas y libres de vínculos, incluso indirectos, con redes delictuales. “Los vecinos de Villa Alemana no merecen medidas de cartón. Merecen seguridad real, y eso comienza por revisar quiénes están detrás de las políticas públicas y las decisiones legales”, concluyó.
Contraloría revisará eventuales infracciones
El requerimiento busca que la Contraloría determine si existen infracciones al principio de probidad o faltas a la ética pública por parte de la actual Directora Jurídica del municipio.
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